Martín Piñeiro y Eduardo Trigo
El mundo se encamina hacia un orden geopolítico más transaccional y multipolar, donde el comercio internacional deja de regirse por reglas multilaterales y pasa a depender del poder relativo de cada país. En ese escenario —marcado por la competencia entre EEUU y China, el fortalecimiento de la UE, los conflictos en Medio Oriente y la guerra en Ucrania— los alimentos se consolidan como un bien estratégico, con recursos naturales (tierra y agua) distribuidos de forma muy desigual entre países. Esto abre la puerta a que el comercio agroalimentario sea utilizado como instrumento de presión política («weaponizing»), tal como ya ocurrió con las restricciones cruzadas entre China y Australia por trigo y cebada, o entre China y EEUU por la soja.
Para Argentina, este contexto representa a la vez un riesgo y una oportunidad. El país, junto al resto del MERCOSUR, es el principal exportador neto de alimentos del mundo, y la seguridad de abastecimiento —sumada a sus alternativas de transporte marítimo— puede convertirse en una ventaja comparativa tan relevante como el precio o la calidad. Los autores plantean incluso la posibilidad de una coordinación comercial («cartelización débil») entre los grandes exportadores de alimentos —que podría eventualmente sumar a EEUU y Canadá— para ganar poder de negociación frente a los grandes importadores como China, India o Vietnam.
Sin embargo, capitalizar esa oportunidad exige un esfuerzo sostenido en varios frentes: elevar la productividad y expansión agropecuaria, especialmente en regiones no pampeanas; modernizar las políticas públicas económicas y tecnológicas (crédito, presión impositiva, fortalecimiento del INTA); invertir en infraestructura física y digital (ferrocarriles, rutas, hidrovía, conectividad); acelerar la agroindustrialización para agregar valor a los commodities; y profundizar la integración de cadenas de valor regionales dentro del MERCOSUR, aprovechando el acuerdo con la UE. A esto se suma la creciente relevancia estratégica del vínculo con EEUU, que se perfila como una relación estructural y de largo plazo, apoyada en inversiones en energía, minería e inteligencia artificial, más allá de la afinidad personal entre mandatarios.
La conclusión central del paper es que el sector agroindustrial argentino está bien posicionado para adaptarse a este nuevo escenario geopolítico, pero esa adecuación requiere cambios sustantivos en las políticas públicas y un diálogo genuino entre los sectores público y privado, tanto a nivel nacional como provincial.